Odebrecht contamina Latinoamérica

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16/02/2017 | Bez ( agência espanhola)
De una punta a otra de América Latina, desde Brasil y Perú hasta Colombia y Panamá, presidentes y expresidentes de distintas ideologías están contra las cuerdas por el estallido del caso Odebrecht.
La investigación del "mayor escándalo de sobornos extranjeros de la historia", como lo ha calificado el Departamento de Justicia de EE.UU, está poniendo al descubierto las oscuras relaciones entre políticos y empresarios de la región y parece simbolizar el cierre de una etapa marcada por la impunidad generalizada de corruptos y corruptores.

"Es el fin de un ciclo de los capitalistas que prosperaron por su amistad con presidentes", analiza para bez.es el economista Claudio Porto. En el caso del grupo empresarial brasileño que está en el epicentro de la trama, su facturación se triplicó en menos de una década bajo el mando de Marcelo Odebrecht, el ambicioso heredero de una familia de ingenieros y hombres de negocios.

Ese florecimiento coincidió con el boom económico latinoamericano, cuando Brasil y algunos de sus vecinos crecían casi al ritmo de China. Pero el auge de la compañía se debió también a sus estrechas relaciones con los Gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y, como se está sabiendo ahora, con una larga lista de mandatarios conservadores, socialdemócratas o nacionalistas por toda la región.

Odebrecht no distinguía entre izquierda o derecha: solo le importaba hacer negocio. A grandes rasgos, su sistema se basaba en financiar costosas campañas de candidatos presidenciales y parlamentarios, o bien corromper a funcionarios e intermediarios para llegar hasta los poderosos. A cambio, el conglomerado de construcción, ingeniería y petroquímica obtenía jugosas concesiones de obras públicas y leyes favorables a sus intereses.

De la bonanza a la cárcel

Hoy, una vez desmantelado el esquema, Marcelo está entre rejas, a Dilma le han arrebatado la Presidencia -aunque su destitución en 2016 no se atribuyó directamente al escándalo- y Lula se enfrenta a una avalancha de acusaciones de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción de la Justicia.

"El modelo se ha deteriorado de forma muy rápida e intensa", afirma Porto, presidente de la consultora Macroplan en Río de Janeiro. "Lula, por ejemplo, antes era el líder más popular y ahora casi no puede ni salir a la calle", añade, refiriéndose al amplio sector del electorado brasileño que hoy rechaza al antiguo sindicalista en comparación con la aprobación récord (83%) de la que disfrutaba cuando abandonó el Palacio de Planalto el 1 de enero de 2011.

"Un resurgimiento de Lula sería una gran sorpresa", opina el consultor. "Creo que ni siquiera volverá a ser candidato en 2018. Solo está haciendo una puesta en escena para mantener unido al PT, pero está muy vulnerable por su desgaste político y sus problemas judiciales", insiste.

Gobierno bajo sospecha

Y si Lula afronta crecientes obstáculos para su posible regreso a través de las urnas, el actual presidente brasileño, Michel Temer, tampoco puede considerarse a salvo del escándalo. Las primeras filtraciones de la investigación revelaron que a mediados de 2014, cuando todavía era vice y aliado de Dilma, pidió personalmente a Marcelo Odebrecht una donación de 10 millones de reales (unos tres millones de euros) para su partido, el moderado PMDB.

En diciembre, Temer se desvinculó de las ?falsas acusaciones? y aseguró que las aportaciones de la empresa al PMDB "fueron todas por transferencia bancaria y declaradas" al Tribunal Superior Electoral (TSE). Por tanto, según el mandatario de 76 años, ?no hubo caja B ni entrega de dinero? en efectivo a petición suya.

El jefe de Estado, en cualquier caso, no puede ser juzgado por crímenes anteriores a su mandato. Pero las sospechas salpican también a importantes ministros de su Gobierno, así como a los presidentes del Senado y la Cámara de los Diputados, también aliados de Temer y recién elegidos por mayoría parlamentaria a pesar de haber sido mencionados en las investigaciones como supuestos receptores de cuantiosas donaciones a cambio de favores.

"El potencial de desestabilización del escándalo es muy grande, puesto que puede acabar alcanzando al círculo íntimo del presidente", advierte el fundador de la consultora Macroplan. "Habitualmente me muevo entre políticos y empresarios y es impresionante el clima de aprensión. Las operaciones anticorrupción son una amenaza permanente para ellos", explica.

Escándalo multinacional

Más allá de las fronteras brasileñas, los tentáculos del caso alcanzan, entre otros, a los expresidentes peruanos Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, este último en busca y captura por el presunto cobro de 20 millones de dólares como contrapartida por la carretera Interoceánica Sur, así como al actual gobernante de Panamá, Juan Carlos Varela, por supuestas donaciones irregulares de la empresa para su campaña en 2014.

La onda expansiva también va llegando por capítulos, como en una telenovela, hasta los demás países donde Odebrecht dice haber pagado más de 700 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2016: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Guatemala, Colombia, México y las excolonias portuguesas de Angola y Mozambique. Dirigentes de aquí y allá andan inmersos en una especie de sálvese quien pueda: unos, todavía en el cargo, para mantenerlo; y otros, ya alejados del poder, para evitar pasar una larga temporada a la sombra.  

 
Denuncias y blindajes

Especialista en elaborar escenarios para anticiparse a los acontecimientos, Porto calcula un 20% de probabilidades de que Temer se vea obligado a dejar el cargo antes de tiempo. De todos modos, reconoce que su Gobierno ha superado la 'parálisis' que se encontró tras el derribo de Dilma y considera que la opción más previsible (40%) es que termine con un 'éxito parcial'. Es decir, "aguantaría hasta el final de su mandato en 2018 y dejaría como legado un conjunto de reformas, desde las pensiones hasta la flexibilización de las leyes del trabajo, además del despegue del programa de concesiones y privatizaciones".

De momento, el presidente se ha adelantado a las posibles repercusiones y ha prometido que apartará a cualquier miembro del Ejecutivo que sea 'denunciado' por la Fiscalía. 'El Gobierno no quiere blindar a nadie', declaró este lunes en el Palacio de Planalto tras la polémica levantada por el nombramiento como ministro -y aforado- de uno de sus colaboradores más próximos, Wellington Moreira Franco, quien ya ha sido mencionado más de una treintena de veces en las confesiones de exdirectivos de Odebrecht ante los investigadores.